El FC Barcelona ha precisado este jueves que la UEFA "no ha abierto ningún nuevo expediente" al club catalán por el caso Negreira, ya que el expediente se inició en 2023, "y no se ha reabierto porque nunca se ha cerrado".
La entidad azulgrana quiso matizar, en un comunicado, algunas informaciones publicadas hoy respecto a la apertura de un nuevo expediente por el máximo organismo del fútbol europeo.
"El expediente se inició en 2023, con la designación de dos investigadores, que desde entonces han llevado a cabo las actuaciones que han considerado oportunas. El club ha atendido siempre todos sus requerimientos", ha apuntado el Barça.
Lo que sí ha hecho la UEFA, como ha recordado el club catalán, es confirmar en un comunicado "que ha recibido del Real Madrid una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso" y que sus inspectores éticos y disciplinarios "los tendrán en cuenta como parte de su investigación en curso".
El comunicado de la UEFA, precisa el FC Barcelona, confirma "la recepción de documentación remitida por el Real Madrid y que los investigadores la valorarán en el marco de la investigación ya existente".
"El mismo texto se refiere expresamente, en dos ocasiones, a una investigación y revisión 'en curso'. No anuncia, por tanto, la apertura, reapertura ni reactivación de ningún expediente, ni contiene pronunciamiento alguno sobre el fondo o el valor de la documentación aportada", asegura el club catalán.
"Corresponde a los investigadores determinar las actuaciones que consideren oportunas con respecto a esta documentación. A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento en el FC Barcelona ni han dado traslado al club de la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el club responderá oportunamente, como ha hecho hasta ahora", concluye la entidad azulgrana.
El 'caso Negreira' investiga los pagos de unos 8,3 millones que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira cuando este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a través de sociedades vinculadas a él.
La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club catalán sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.
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